Inmunidad de jurisdicción en materia laboral

17 de diciembre de 2013

Roberto Lewin, asociado senior experto en materias laborales, analiza la jurisdicción de los tribunales nacionales sobre los asuntos laborales que se susciten entre un estado extranjero asentado en Chile y un ciudadano nacional. A continuación, su opinión publicada en El Mercurio Legal.

Con fecha 13 de agosto de 2013, y conociendo de un Recurso de Unificación de Jurisprudencia, nuestra Excelentísima Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la causa laboral RIT T-99-2012, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, poniendo fin a una discusión poco pacífica consistente en determinar si los tribunales chilenos poseerían o no jurisdicción para resolver conflictos jurídicos de carácter laboral cuando la reclamación es formulada por un trabajador nacional que prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para un estado extranjero asentado en nuestro país.

La materia de derecho en discusión en el presente caso consiste en determinar si de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los tribunales nacionales tienen o no jurisdicción para conocer de las materias y controversias propiamente laborales y previsionales que puedan suscitarse entre un estado extranjero asentado en Chile —generalmente una embajada o consulado— y un ciudadano nacional que trabaje o haya trabajado para dicho estado. La anterior distinción derivaría en la procedencia de que los trabajadores o ex trabajadores de una embajada puedan demandar a su empleador ante un tribunal chileno en el primer caso o en la necesidad de que cualquier pretensión de esta naturaleza deba necesariamente ventilarse ante los tribunales extranjeros correspondientes.

La primera alternativa señalada obedece a una interpretación restringida de la inmunidad de jurisdicción como institución, que argumenta que la aludida Convención no contempla expresamente la inmunidad diplomática en el ámbito de los contratos de trabajo y de las relaciones de naturaleza laboral que en general los estados acreditados celebren o mantengan con los habitantes o residentes permanentes en el estado receptor.

La segunda se origina de una interpretación amplia o absoluta y apunta a la imposibilidad de los estados de intervenir en las actuaciones de otro con consecuencias en su territorio, inmunidad que se concretaría en la abstención del primero de juzgar los actos del segundo y cuyo fundamento estaría entre otros en la igualdad soberana de los Estados, en la necesidad del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y en el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones.

En este sentido, y hasta la fecha de la dictación de la sentencia en comento, existían contradictorias sentencias que por uno u otro motivo y adoptando alguna de las dos posturas comentadas, acogían o rechazaban la aplicación de la inmunidad de jurisdicción en materia laboral y previsional, no existiendo un criterio claro y uniforme al respecto, situación que contribuía a un clima de incertidumbre jurídica tanto para las embajadas y estados extranjeros asentados en Chile, como para los trabajadores nacionales vinculados a éstos a través de una relación laboral.

De esta manera, la sentencia de la Corte Suprema dictada en los autos Rol Nro. 1224-2013, considerando la existencia de una infracción de ley derivada del rechazo de la excepción de incompetencia opuesta por el demandado, unificó la jurisprudencia existente, optando por el criterio de interpretación amplio de la inmunidad de jurisdicción, es decir, aquella que señala que las materias laborales y previsionales no escapan del alcance de dicha institución, declarando por consiguiente que los juzgados laborales carecen de jurisdicción para conocer de este tipo de materias.

Entre los principales argumentos y antecedentes expresados en el fallo por nuestro tribunal supremo destaca la importancia del reconocimiento y resguardo de la soberanía de los estados y la improcedencia de restringir los efectos de la institución de la inmunidad de la jurisdicción más allá de de los términos que la propia Convención que la reconoce le establece.

El fallo de la Excelentísima Corte Suprema viene en confirmar, entonces, la existencia y alcance de la inmunidad de jurisdicción como institución plenamente vigente y aplicable en un sentido amplio y genérico, señalando que “los juzgados laborales carecen de jurisdicción para conocer de una demanda incoada por dependientes nacionales en contra de sus empleadores, cuando éstos invisten la calidad de estados extranjeros asentados en nuestro país”, lo que servirá no sólo como un lineamiento para los tribunales que en un futuro deban pronunciarse en este sentido, sino también como una herramienta que permitirá a cualquier persona o estado interesado, contar con un criterio claro que le brinde certeza a la hora de adoptar una decisión o posición jurídica al respecto.

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