La indemnización de perjuicios al Estado por el daño al patrimonio ambiental de la nación.

28 de octubre de 2013

A raíz del fallo del 1° juzgado civil de Valdivia en el caso del daño ambiental del Humedal del Río Cruces, Iván Poklepovic, asociado senior de M&B experto en derecho ambiental, analiza en El Mercurio Legal la legitimación activa del Estado de Chile para demandar indemnización por perjuicios originados como consecuencia de un daño ambiental.

Después de ocho años de tramitación, el 1° juzgado civil de Valdivia, con fecha 27 de julio de 2013, dictó sentencia definitiva en la causa rol N°746-2005, caratulada “Estado Fisco de Chile con Celulosa Arauco y Constitución (Celco)”, iniciada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el daño ambiental causado al Santuario de la Naturaleza y Humedal Río Cruces el año 2004, que produjo la muerte y migración de cientos de cisnes de cuello negro y otras especies de fauna que abundaban en dicho Santuario.

El tribunal de Valdivia acogió las demandas de reparación ambiental y de indemnización de perjuicios interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado y condenó a Celco, como autora del daño ambiental, a adoptar determinadas medidas para preservar el Santuario de la Naturaleza y a indemnizar al Estado Fisco de Chile los perjuicios causados como consecuencia del daño ambiental ocasionado. Con fecha 5 de septiembre de 2013, el tribunal certificó que la sentencia definitiva se encuentra ejecutoriada.

En otros casos de daño ambiental en que el CDE había demandado indemnización de perjuicios para el Estado de Chile, los tribunales la habían otorgado por los daños ambientales causados a bienes fiscales (e.g. daño a sitios arqueológicos) y bienes nacionales de uso público (e.g. daño a las aguas). La novedad en el caso del daño ambiental al Humedal del Río Cruces es que un tribunal, conociendo una acción indemnizatoria por daño ambiental, concede indemnización al Estado, como directamente afectado por el daño, debido a que se produjo un daño ambiental a un ecosistema que tiene categoría de santuario de la naturaleza, pero que no constituye ni un bien fiscal ni un bien nacional de uso público. El tribunal de Valdivia, en el considerando 148° del fallo, al fundamentar la indemnización otorgada, señaló que “…no cabe duda que han existido perjuicios y si bien éstos no pueden ser encasillados a una persona en particular que los haya sufrido, es claro que ha sido la ciudadanía en general la que se ha visto perjudicada (por el daño ambiental)…”

Anteriormente, la Corte Suprema ya había estimado que corresponde indemnizar al Estado de Chile, como garante del Patrimonio Ambiental de la Nación (artículo 19 N°24 de la Constitución Política), cuando se produce un daño a bienes que componen dicho Patrimonio (corta ilegal de alerces vivos), considerándose al Estado como directamente afectado por el daño, conforme al artículo 53 de la Ley N°19.300, sobre Bases del Medio Ambiente y, por ello, legitimado activo para solicitar indemnización de perjuicios, aunque los bienes ambientales dañados se encuentren en predios de dominio privado. En este caso, según la Corte Suprema, el Estado debe ser indemnizado por la corta ilegal de alerces vivos porque se ha producido un daño irreparable, de carácter colectivo y público, que disminuye el Patrimonio Ambiental de la Nación. Además, según la Corte, el Estado reviste la calidad de directamente afectado por la especial situación jurídica de la especie vegetal sobre la que recayó el daño, que fue declarada monumento natural inviolable (CS, rol N°5027-2008, sentencia de 31 de agosto de 2010).

En un fallo más reciente, la Corte Suprema condenó a la empresa propietaria de un predio y a otras personas naturales a indemnizar al Estado de Chile la suma de $7.489.057.240, más reajustes, por el daño ambiental consistente en la corta ilegal de 2.635 alerces vivos, ya que, según la Corte, la empresa incurrió en un omisión culposa al no adoptar medidas de vigilancia y cuidado que impidieran la tala ilegal de dichas especies protegidas en su predio. Para la Corte Suprema, este daño ambiental constituyó una disminución de la biomasa o biodiversidad, que conforma el patrimonio ambiental del país, lo que constituye un daño o perjuicio que otorga al Estado el derecho a demandar un pago compensatorio (CS, rol N°3579-2012, sentencia de 26 de junio de 2013).

El fallo del 1° juzgado civil de Valdivia en el caso del daño ambiental del Humedal del Río Cruces viene a confirmar, entonces, la legitimación activa del Estado de Chile para demandar indemnización por perjuicios originados como consecuencia de un daño ambiental que afecta al patrimonio ambiental de la nación, correspondiendo a los tribunales de justicia, en los casos que se sometan a su conocimiento, determinar qué bienes conforman dicho patrimonio y los montos indemnizatorios que deben ser otorgados al Estado de Chile en caso que dichos bienes sean dañados.

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