Patente municipal y sociedades de inversión pasiva: los límites de la potestad tributaria

4 de marzo de 2013

Quizás uno de los temas más controvertidos de los últimos años en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y los tribunales superiores de justicia ha sido la aplicación de patente municipal a las sociedades de inversión pasiva.

En contra de lo establecido en la Ley de Rentas Municipales (“LRM”), desde el año 2009 los tribunales superiores de justicia han sostenido que las sociedades de inversión pasiva se encuentran gravadas con este tributo, en base a una interpretación de la LRM y su reglamento que trasgrede el principio de reserva legal y avala el actuar ilegal de las municipalidades que han optado por incumplir los dictámenes de la Contraloría.

Durante el año pasado, se presentó al Congreso Nacional un Proyecto de Ley (boletín N° 8482-06) que propone interpretar el Artículo 23 de la LRM con el objeto de que dentro de las actividades terciarias se consideren incluidas las desarrolladas por las sociedades de inversión. Dicho Proyecto en su parte pertinente señala que “se entiende por actividad lucrativa terciaria toda aquélla que produzca utilidad o ganancia y no sea considerada como primaria ni secundaria; lo que incluye, entre otras, las sociedades de inversión y las sociedades de profesionales, cualquiera sea su naturaleza, denominación y la actividad del contribuyente respectivo”.

Sin embargo, si se atiende al fundamento y estructura de la LRM, más que simplemente interpretar un artículo de la ley, el Proyecto parece establecer un impuesto especial o, al menos, un hecho gravado especial aplicable a las sociedades de inversión.

En efecto, es discutible que exista un fundamento razonable para gravar especialmente a las sociedades de inversión pasiva con patente municipal, considerando que éstas en general, por la naturaleza de sus actividades, no necesitan de un establecimiento físico para realizar sus actividades, como tampoco utilizar bienes o requerir prestaciones de las municipalidades, que es lo que justifica la aplicación de este impuesto.

Si se propone aplicar patente municipal a las sociedades de inversión por el sólo hecho de tener una finalidad lucrativa, independiente de la naturaleza de las actividades que desarrollen, el Proyecto aparece como contrario al espíritu de la LRM, pues este tributo grava el ejercicio efectivo de ciertas actividades, legalmente establecidas, sin atender a la forma de organización del contribuyente ni a su objeto social.

Si se aplica este impuesto sólo por existir utilidad o ganancia, ocurriría que no solamente las sociedades de inversión, sino que todas las sociedades, sólo por el hecho de ser tales, se encontrarían afectas a patente municipal, pues estas entidades, por definición persiguen una finalidad de lucro (Artículo 2053 del Código Civil). Es más, si para aplicar el impuesto sólo bastara la expectativa de lucro, sin importar la naturaleza de las actividades del contribuyente, no se entendería entonces la finalidad de la distinción que realiza la LRM entre actividades primarias, secundarias y terciarias, para delimitar la aplicación del tributo.

Resulta entonces relevante que si se considera que el Proyecto establece un hecho gravado especial con patente municipal, se podría producir una trasgresión del principio constitucional de no afectación de los tributos. La LRM, en vigencia al tiempo de dictarse la Constitución de 1980 y pese a disponer un impuesto afecto a un destino determinado, mantiene dicha vigencia bajo la actual Constitución, mientras no sea expresamente derogada (Disposición Sexta Transitoria de la Constitución). No obstante, es discutible que una ampliación del hecho gravado con este impuesto (modificando por ende substancialmente el texto con que se le permitió mantener su vigencia a la LRM), pueda resultar acogida al régimen de excepción dispuesto por la mencionada norma transitoria.

De otro lado, si se asumiera que el Proyecto impone un tributo especial e independiente a las sociedades de inversión, entonces éste debió haber sido de iniciativa del Presidente de la República y, por tanto, adolecería de una inconstitucionalidad de forma, aparte de poder atentar también en contra del principio de no afectación.

Incluso más, en ambos casos el Proyecto podría significar una discriminación arbitraria en contra de las sociedades de inversión, aplicándose por lo demás un impuesto que gravaría el patrimonio de éstas (y no el desarrollo efectivo de ciertas actividades), con la consecuente inconstitucionalidad que aquello supondría.

Tal como la jurisprudencia judicial en esta materia, que más que aplicar criterios jurídicos, parece estar impulsando políticas redistributivas de ingresos desde los tribunales, el Proyecto denota la búsqueda de una solución basada puramente en razones recaudatorias. La aplicación de patente municipal a las sociedades de inversión pasiva no se soluciona simplemente con establecerlo legalmente, pues la potestad tributaria reconoce restricciones, dadas principalmente por los límites materiales y formales de la Constitución, como asimismo, por la ausencia de un fundamento razonable para aplicar un impuesto.

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